En el año 2012, Repsol abordó un proyecto de investigación en aguas pertenecientes a las Islas Canarias para determinar la existencia, calidad y volumen de hidrocarburos en la zona.

Conflicto de competencias entre el Gobierno de España y el Autonómico de Canarias

El conflicto surge sobre quien tiene la potestad de decidir en este tipo de planes.  En 2014, el Gobierno Canario decide convocar un referéndum ciudadano para decidir democráticamente si el proyecto se llevaría o no a cabo. El Tribunal Constitucional anula el procedimiento por considerarlo inconstitucional.

Así, una vez aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, Repsol comienza el proceso de exploración en aguas canarias. Repsol realiza los sondeos y determina, tras analizar los hidrocarburos de los diversos sondeos exploratorios, que debido a la calidad y cantidad insuficiente del gas hallado, la fase de explotación no se llevará a cabo.

Tras el anàlisis del conflicto socio-territorial que dio lugar dicho proyecto, puede considerarse como un conflicto de competencias, puesto que el Gobierno del Estado Español tomó una decisión unilateralmente que, atendiendo al ordenamiento jurídico de este país, le correspondía, al menos negociar, con la Comunidad Autónoma afectada. Decisión respaldada a pesar de todo por el Tribunal Supremo, lo que para más de un actor político del panorama autonómico español puede atribuirse a un exceso de concentración de poder en manos del Gobierno central.

Es deducible la motivación principal, el interés económico suscitado por la posibilidad de explotar un yacimiento de petróleo o gas en la zona. Es por consiguiente esencial crear tejido social para reaccionar o responder ante este tipo de injerencias, potenciando la participación y el empoderamiento ciudadano, mejorar la gobernabilidad y la gobernanza, y así aumentar las posibilidades de influir en la toma de decisiones sobre el medioambiente y otras cuestiones de corte social y económico que afectan directamente en la vida de las personas que las padecen.

El conflicto viene suscitado por una decisión política opuesta al concepto de desarrollo sostenible.

Al dejar fuera a las personas que padecerían las consecuencias de la misma, se está socavando el derecho al desarrollo. Fomentar la explotación y uso de hidrocarburos es contrario al concepto de sostenibilidad. Está científicamente demostrado que destruye el medio ambiente, cada vez a un ritmo más acelerado, y por tanto, contribuye a comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.

Para más información:

 

Análisis realizado por Carlos Dávila Luelmo y Mar Fernández Marco.
Estudiantes del Máster en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad de la UPC.

 

Imagenes extraidas de: yoamocanarias.es