La industria de las energías renovables se ha desarrollado alrededor del mundo como alternativa a problemáticas como el abastecimiento de hidrocarburos, el calentamiento global y la búsqueda de formas más limpias de producir energía. Las tecnologías  más desarrolladas para instalaciones de alta potencia son la eólica y la solar fotovoltaica.
La gran difusión de las mismas se vio potenciada por ser tecnologías limpias en cuanto a emisiones y desechos, la posibilidad de diversificar la matriz energética para fortalecer la seguridad de suministro, la creación de puestos de trabajo y el mejoramiento del acceso a la energía, principalmente en poblaciones rurales o aisladas. Como contrapartida, pueden citarse los problemas de suministro producidos por la intermitencia de la presencia del recurso y la ocupación de grandes superficies para su desarrollo.

Como resultado de la expansión en las últimas décadas de este tipo de industrias y de la saturación de los principales mercados eléctricos, los desarrolladores han orientado sus búsquedas a regiones hasta entonces no consideradas: países en vías de desarrollo con capacidad de creación de instalaciones eólicas.

En la región sur del Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, México, se encuentra el mayor potencial de energía eólica, donde se realizan la mayoría de los proyectos de energía eólica.

México se encuentra entre este grupo de países con un lugar adecuado para explotar la energía eólica a gran escala. El primer parque eólico en el Istmo de Tehuantepec, y en México, fue construido en una región aledaña al poblado de La Venta, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en 1994. El  proyecto fue encargado por la Comisión Federal de Energía (CFE) como una Obra Pública Financiada (OPF). Contemplaba la posibilidad de recopilar información sobre el desempeño de los aerogeneradores que la empresa danesa Vestas había instalado, obteniendo excelentes resultados. A pesar de esto, debieron pasar unos años hasta que las condiciones estuvieran dadas para eliminar los obstáculos y asegurar la rentabilidad de los proyectos.

 

En el 2000, el gobierno de Oaxaca convoca una cumbre internacional con el fin de promover las inversiones del sector eólico en el estado, especialmente dirigido a empresas internacionales, en el marco de lo que posteriormente se conocería como el proyecto Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec (2006). Esta propuesta perseguía como objetivos:

  • Combatir la pobreza remanente en la región del Istmo de Tehuantepec.
  • Crear nuevas fuentes de empleo.
  • Incrementar la capacidad de generación de electricidad en el País.
  • Diversificación energética.

Sin embargo, no fue hasta el año 2006 que se inició la construcción de La Venta II, un parque eólico de 83,3 MW en Ejido La Venta. El proyecto estuvo a cargo de la CFE, otorgado a través de una licitación a las empresas españolas Iberdrola y Gamesa. Esto abrió la puerta a más empresas multinacionales, resultando en un crecimiento exponencial de la potencia instalada en la última década.

Surge el conflicto a partir del desarrollo de infraestructuras de generación de energía y afines: tendidos eléctricos, estaciones transformadoras, carreteras, etc.

Tras analizar en profundidad la evolución del conflicto, las distintas posturas de los actores, los impactos que provoca a nivel ambiental, social y productivo, se llega a la conclusión de que la elaboración de un nuevo documento legal con disposiciones territoriales por parte de los municipios, no resultaría suficiente para cambiar la realidad del conflicto.

Se propone un Programa de Control y de Vigilancia Ambiental, regulado por un organismo que no dependa directamente del poder nacional ni estatal, para que resulte neutral y se constituya como un mediador en el desarrollo del conflicto. Se propone que el organismo trabaje a manera de un comité que tendrá competencias para realizar estudios de seguimiento y control de las medidas propuestas.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA)

El objetivo es establecer una nueva relación entre los actores involucrados en el desarrollo eólico del Istmo de Tehuantepec para aprovechar el potencial energético en beneficio de las comunidades locales y del país en conjunto.

Para llevar a cabo PVA debe establecerse un previo informe de evaluación inicial de impactos para conocer la situación ambiental de partida, el cual incluirá: identificación de los aspectos más significativos, caracterización de suelos, estudio geomorfológic, inventario de la fauna y vegetación presente en la zona y un análisis de la situación paisajística en el conjunto de la zona afectada. A partir del análisis previo, se identifican los elementos más afectados, y sobre ellos se realiza la vigilancia y el seguimiento ambiental.

Para una mejora implantación del Programa de Vigilancia Ambiental pueden elaborase fechas de seguimiento, ya que es fundamental a medio y largo plazo observar la eficiencia de las medidas preventivas y correctoras propuestas. De este modo podrían obtenerse conclusiones para futuros proyectos y minimizar el impacto.

 

Más información en:

 

Análisis realizado por Esther Querol Valera, Orlando Barraza Aguilar y María Paula Guillaumet.
Estudiantes del Máster en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad de la UPC.

 

 

Imagenes extraidas de: evwind.com y energiasrenovablesverdes.wordpress.com